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El retorno de los ‘narcovuelos’

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Era alrededor de las 7 de la noche, del martes 25 de junio pasado. Unos policías de civil entraron rápidamente al restaurante Tony Roma’s, del Jockey Plaza para efectuar un arresto.

Agentes antidrogas, respaldados por personal del SUAT de la Policía, capturaron al peruano Santos Carrillo Vega y al ecuatoriano Walter Bolívar Ramiro García.
Santos Carrillo había sido identificado por la Policía como líder de una organización local de tráfico de drogas que exportaba cocaína desde Pichis-Palcazú hacia Bolivia.

El suyo parecía un caso de vertiginoso progreso empresarial. En 2007, Santos Carrillo tenía un modesto negocio de venta de libros y CDs educativos en Huánuco. Tres años más tarde, establecido en Lima, Santos Carrillo pasó a ser un próspero empresario. En Sunat figura como gerente general de Ganadería Los Pinos, Transportes Cave Perú y Textil Hilandera Perú.

Tiene, además, varias propiedades a su nombre y una extensa finca de 900 hectáreas para el sembrío de palma aceitera, en Pucallpa.

El abrupto despegue económico de Santos Carrillo parecía estar relacionado con otro tipo de despegues. La policía antidrogas, que lo investigó por varios meses, determinó que Carrillo despachaba por vía aérea entre tres y seis cargamentos de cocaína al mes, desde Ciudad Constitución hacia Bolivia.

En la cadena de distribución del narcotráfico nacional, Santos Carrillo era un eslabón entre los clanes familiares productores de cocaína y los compradores extranjeros. Carrillo era un intermediario que compraba la cocaína, la acopiaba y la entregaba en el lugar pactado con el comprador o ‘financista’.

El ecuatoriano Walter García, detenido junto a Carrillo en el Tony Roma’s del Jockey Plaza, era un comprador. Había llegado al Perú desde Ecuador, el 24 de junio pasado, para ‘cerrar’ un próximo envío de droga.

¿Cómo lo hizo? El mismo 24 de junio, mientras García viajaba por aire con destino Lima, dos de sus colaboradores, José Vegas Chinchay y Gabriel Vegas Gálvez, partieron de Ecuador por tierra.

Ambos camuflaron 130 mil euros y 280 mil dólares en los interiores de una camioneta Nissan Santa Fe, con placa Nº C2U-186.

Casi al llegar a Lima, a la altura kilómetro 115 de la Panamericana Norte, fueron capturados por la Policía.

El cargamento de cocaína que se iba a pagar con ese dinero sería despachado en avioneta desde una de las pistas de aterrizaje clandestinas de Pichis-Palcazú.

Una importante captura el año pasado tiene una conexión directa con este caso. En junio de 2012, Abelardo Payano Pomalaza, entonces alcalde de Puerto Pizana, en Tocache, fue interceptado y capturado por policías antidrogas mientras conducía un camión cisterna cargado con cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína.

Payano había partido de Puerto Pizana con dirección a Ciudad Constitución. En medio del recorrido, a la altura del kilómetro 86 de la carretera Federico Basadre, fue detenido por la Policía.

La cocaína, una vez que llegara a Palcazú, iba a ser embarcada en una de las avionetas que despegan de la zona. Esa droga, según lo han determinado las investigaciones policiales, pertenecía a Santos Carrillo.

Por esos meses, el kilo de pasta básica lavada en Palcazú costaba $800 dólares y el de clorhidrato de cocaína valía en promedio $1000.

Según información de la Dirandro, entre mayo y diciembre de 2012, salieron 59 avionetas de Ciudad Constitución. Cada una cargada con un promedio de 300 kilos de droga, lo que significó una exportación aérea de 17,7 toneladas de cocaína. Este año, 58 avionetas (17.4 toneladas de cocaína) fueron detectadas en la misma zona durante los primeros cuatro meses del año.

La creciente actividad aérea en Pichis-Palcazú evoca los años 80 y los 90. Ciudad Constitución fue en 1992 uno de los centros de operaciones de los hermanos Cachique Rivera, que pagaron sobornos a militares a cambio de protección para el despegue de avionetas cargadas con cocaína rumbo a Colombia.

En 1995 empezó una fuerte estrategia de interdicción aérea. Un equipo de inteligencia de la Dirandro proveía de información a la FAP, “que realizó 323 vuelos de interdicción e intervino a 41 avionetas. Otras 37 fueron derribadas en pleno vuelo. Tres avionetas fueron destruidas en tierra y otras 19 fueron ‘autodestruidas’ por los narcotraficantes. Así, un total de cien avionetas fue inutilizado”, indicó Gustavo Gorriti en su columna titulada “Entre el macartismo y los narcovuelos”, publicada el jueves 18 de julio pasado en la revista Caretas.

Interrumpido el puente aéreo, el mercado colapsó. Se registraron los precios más bajos de la cocaína en toda la historia del narcotráfico en el Perú. “Si en diciembre de 1994, un kilo de pasta básica lavada se vendía a $1,300 en Palmapampa, en octubre de 1995 se podía comprar en $50 en Tocache”, señaló Gorriti.

Entonces la ruta de las avionetas era hacia el norte, hoy es hacia el sur. Y a diferencia de la década de los 90, la FAP no cuenta ahora con un eficiente sistema de control del espacio aéreo.

La cocaína sale ahora en avionetas, en su mayoría, de origen boliviano con destino a Bolivia. A partir de ahí, la droga puede seguir diversas rutas. Un alto porcentaje llega a Brasil, el segundo consumidor mundial de cocaína (92 toneladas de cocaína al año), según un reciente informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Con ello, Pichis-Palcazú se ha convertido en un estratégico centro de acopio y exportación de cocaína en la selva para los productores locales y los clanes familiares productores de cocaína del Huallaga y del VRAE.

El vuelo ida y vuelta Palcazú-Bolivia dura en promedio 6 horas. La avionetas van cargadas de combustible suficiente para hacer el periplo sin problemas. El alquiler de la avioneta es de alrededor de $70 mil por vuelo. Cada avioneta lleva una carga promedio de 300 kilos de cocaína, fundamentalmente pasta básica lavada.

Generalmente los vuelos son en la madrugada. La mayor parte de pilotos no pasan los 30 años. La paga por vuelo fluctúa entre $10 mil y $25 mil, dependiendo del nivel de experiencia o lo arriesgado del vuelo.

Solo se ha registrado un caso en Perú en que el piloto supera la edad promedio. Ocurrió en setiembre del año pasado, cuando la Dirandro arrestó al piloto boliviano Walter Martínez Boeny, de 57 años, durante un operativo en el que también fue capturada una avioneta modelo Cessna, de matrícula bolivina, pero en Santa Rosa de Sheshea, en Ucayali.

La persona que alquila la pista de aterrizaje, también llamado ‘pistero’, cobra entre $8 mil y $10 mil por vuelo. Existe también una red de vigías, integrada por los pobladores que ponen en alerta a los ‘pisteros’ sobre desplazamientos de agentes de la Policía en la zona.
¿Por qué los traficantes prefieren despachar la droga desde Pichis-Palcazú y no desde el VRAE, donde la ruta es más corta? Según indicaron diversas fuentes consultadas por IDL-R, la principal razón es que el terreno, a diferencia del VRAE, es plano. “Hay pistas naturales”, indicó una fuente.

De otro lado, en Pichis-Palcazú a diferencia del VRAE, no hay que pedir permiso y pagarle cupos a Sendero Luminoso para sacar los cargamentos de droga por aire.

Es cierto también que algunos de los clanes familiares del VRAE han extendido su centro de operaciones a Bolivia, que es el primer punto de llegada de la droga que sale de Palcazú.

En julio de 2012, IDL-R reveló que un porcentaje de los clanes familiares del VRAE se había ido a las zonas ganaderas de Bolivia para clorificar la pasta básica lavada debido a que los controles eran escasos y los insumos químicos baratos. Un porcentaje de estos clanes exporta la droga a Bolivia vía Pichis-Palcazú.

Desde hace algunas semanas, la Dirandro viene desarrollando un extenso operativo en la zona de Pichis-Palcazú cuyo objetivo es dinamitar las 49 pistas de aterrizaje clandestinas identificadas hasta el momento.

A la fecha, la Policía ha volado poco menos de la mitad. Según indicaron fuentes a IDL-R, como resultado de estas acciones, los vuelos en la zona han disminuido su frecuencia. Ahora hay mayor intensidad de vuelos en la provincia de Atalaya, en Ucayali.

Sin embargo, el hecho es que un campo de aterrizaje dinamitado puede ser rehabilitado en menos de dos días de trabajo, por lo general.

En el 2011, la policía peruana suscribió un acuerdo de cooperación con sus pares brasileños para enfrentar el crecimiento del crimen organizado. Las operaciones conjuntas más visibles han sido las desarrolladas los últimos dos años en el Trapecio Amazónico. Pero como la mayor parte de la cocaína que levanta vuelo en Pichis-Palcazú va a pasar o terminar en Brasil, la cooperación entre ambas policías, según indicaron fuentes de ambos grupos, se ha intensificado considerablemente.

Fuente: IDL-R

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